Al intentar decretar una ley que prohiba la venta de videojuegos violentos (que fué encontrado anticonstitucional), el estado de Illinois debe pagar la suma de 510.528.64 dólares a la ESA. El juez Kenelly explica que el estado sabía muy claramente que esto era inconstitucional, ya que significaría una perdida de dinero a los contribuyentes y que estos tienen todo el derecho de exigir su dinero que fué arrojado de manera inútil por su gobierno.
Esto bién pudo haberse evitado haciendo que los vendedores de videojuegos explicaran a sus consumidores acerca del contenido y que el gobierno les brindara del equipo necesario para dar demostraciones de estos y como es que coninciden con la ERSB.
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